Como es sabido, cualquier contrato de gestación subrogada que se otorgue en nuestro Estado es nulo de pleno derecho, ya sea con precio o sin, en virtud del artículo 10.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Ello implica que cualquier procedimiento de gestación subrogada o gestación por sustitución que se lleve a cabo dentro de nuestras fronteras es nulo desde su origen, desde el momento en el cual se otorgó, lo cual se traduce en que la gestante subrogada sería la única amparada por la Ley para reclamar los derechos como madre sobre el nacido.

Pero, no obstante y a mayor abundamiento, en el caso de que se llevara a cabo un proceso de este tipo dentro de nuestras fronteras, comportaría una responsabilidad penal para las partes contratantes, en virtud del artículo 220.2 el cual castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años a la persona que ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación. Y, el art. 221 CP establece que será castigado no sólo la persona que entregue a otra un hijo con el fin de establecer una relación análoga a  la filiación mediando una compensación económica, sino también la persona que lo reciba y el intermediario si lo hubiera.

Como decimos, esta responsabilidad penal se produciría para el caso de un proceso de gestación subrogada llevado a cabo dentro de nuestro territorio, pero no para el supuesto de un proceso realizado en otro país en el cual esta técnica de reproducción humana asistida fuere legal, ya que nuestro Derecho Penal no gozaría de competencia “extra territorium”.

Gestación subrogada codigo penal

En otro orden de cosas, puede comportar un debate jurídico el hecho de que, no obstante, qué sucedería ante el hecho de realizar el proceso en España y posibles derechos del padre biológico; y, en nuestra opinión, es obvio que comportaría una responsabilidad criminal pero, no obstante, ese padre biológico tendría el derecho a reclamar su filiación paterna en virtud del  el artículo 10.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, según el cual “queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”.