Falsificar una prueba de ADN para conseguir el acceso al Registro del nacido por gestación subrogada, constituye un delito de contrabando de menores. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 220 del Código Penal, según el cual:

“1. La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis meses a dos años.

  1. La misma pena se impondrá al que ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación.
  2. La sustitución de un niño por otro será castigada con las penas de prisión de uno a cinco años.
  3. Los ascendientes, por naturaleza o por adopción, que cometieran los hechos descritos en los tres apartados anteriores podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad que tuvieren sobre el hijo o descendiente supuesto, ocultado, entregado o sustituido, y, en su caso, sobre el resto de hijos o descendientes por tiempo de cuatro a diez años.
  4. Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o socio-sanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia, serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a un año”.

Como es sabido, salvo en el caso de EEUU, la prueba de ADN es imprescindible al efecto de poder acreditar el vínculo genético entre el padre intencional y el nacido, y todo ello en base al artículo 10.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, según el cual “queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”.       

Por ello, ante un supuesto de falsificación de la prueba de ADN se incurriría en ilícito penal, y el futuro bebé quedaría en un limbo legal. No debe olvidarse, que el interés del menor debe prevalecer sobre todo y sobre todos, y que en gestación subrogada no todo vale.